El Consejo de Ministros da un primer visto
bueno a la nueva ley que permite actividades con fines económicos en las
grandes joyas de la naturaleza
Reserva natural del parque nacional de
Monfragüe, Cáceres. / BERNARDO PÉREZ
El Consejo de Ministros ha dado este viernes el visto bueno alanteproyecto de la nueva Ley de
Parques Nacionales, una norma que abre la posibilidad de desarrollar
actividades con fines económicos en los espacios con mayor nivel de protección
ambiental del país, nuestras 15 joyas de la naturaleza. Entre esos posibles
negocios que se podrán instalar cuando la norma esté en vigor se
encuentra la navegación con usos turísticos
en el parque de Monfragüe (Cáceres) o el vuelo sin motor,
actividad que una disposición adicional permite excepcionalmente en el Parque
Nacional de Guadarrama (Madrid).
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáinz de Santamaría, ha asegurado
que la norma, pendiente todavía de informes de distinta naturaleza, pretende
reforzar la eficacia del papel del Estado, que podrá intervenir en la gestión
de los Parques Nacionales, en
manos de las Comunidades Autónomas, en los casos en los que se encuentre en un
"estado de conservación desfavorable" o en una situación de
emergencia medioambiental, como un incendio.
El Gobierno del PP también fija que los Parques Nacionales futuros deben
tener un mínimo de 25.000 hectáreas en el momento en el que sean declarados y
aunque se endurezcan los requisitos, una vez que reciba el visto bueno se
agilizará su tramitación.
La caza es uno de los aspectos espinosos. Uno de los últimos borradores de
la ley, del 11 de agosto, sigue considerándola una actividad incompatible con
los usos de un Parque Nacional, pero se reserva la figura del control de
poblaciones –en el que se matan animales- y que se viene utilizando para
permitir la caza. Formaciones como Seo –BirdLife, Ecologistas en acción, WWF oGreenpeace reclaman
que se especifique en el documento que ese control de poblaciones solo podrán
realizarlo técnicos del parque, y que no se deje en manos de cazadores.
"Dentro de esta concepción productivista de todo, van a terminar
concertándolo para sacarle rendimiento también", se teme Mario Rodríguez,
director ejecutivo de Greenpeace España. La ley no impide que esta tarea la
haga un privado. "Son medias verdades, cuentan que se prohíbe la caza, pero
no que se sigue permitiendo con el control de poblaciones, aporta Theo
Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
Los ecologistas
sospechan que se utilizará el control de poblaciones para seguir permitiendo la
caza
El Gobierno quiere dar mayor protagonismo a los propietarios de terrenos
que forman parte de los Parques Nacionales. Los conservacionistas temen que
ellos puedan ser unos de los beneficiados de las actividades cinegéticas. Según
el texto, los particulares podrán “desarrollar actividades económicas y comerciales,
en especial relacionadas con el uso público y el turismo rural”.
“El objetivo de los parques nacionales siempre ha sido la conservación y se
está rompiendo esa regla”, opina Asunción Ruiz, directora ejecutiva de Seo-Bird
Life. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF, insiste en que hace
falta una nueva ley para frenar la deriva actual, pero no está conforme con la
propuesta actual. Para Del Olmo, la caza también es una de las zonas de
peligro. "En la ley vigente, de 2007, se da diez años a los parques que la
venían permitiendo -Monfragüe, Picos de Europa y Cabañeros- para extinguirla.
Ese plazo desaparecerá con la nueva ley, por lo que quedarán en una especie de
limbo", considera.
Los parques
nacionales que debían extinguir la caza en 2017 siguen con el mismo plazo,
según Medio Ambiente
Medio Ambiente asegura que estos parques deberán erradicar esta práctica en
2017, tal y como se había estipulado, y que así viene recogido en la norma.
Aparece en la disposición adicional séptima. "Por una errata, que remitía
a los artículos 5 y 6, en lugar de al 6 y 7, no ha salido bien
referenciado", explica una portavoz del ministerio.
El texto todavía debe
pasar por el Consejo de la Red de Parques Nacionales, organismo donde están
representadas las comunidades autónomas, los ecologistas y que convoca el
ministerio de Medio Ambiente. "Lo normal es que se modifique en esta
fase", confía Oberhuber. "Esperamos que cambie, creemos que debe
hacerlo", añade.
Fuente: www.elpais.com
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