La oposición habla de “clientelismo” y de “pánico cerval” entre los vecinos
El regidor Manuel González Capón
sale del pleno el pasado agosto en el que la oposición le recriminó sus
declaraciones profranquistas. / XOSE MARRA
Leandro
Llorente y Obdulio Naves, comunistas de 25 y 27 años, fueron asesinados por la
Guardia Civil el 3 de abril de 1946 en Recesende, parroquia del municipio
lucense de Neira de Xusá, que en el 75 cambió su nombre por el de Baralla
(2.956 habitantes). Daniel Fernández, el párroco de San Cirilo, mandó
enterrarlos muros adentro del camposanto, en un rincón discreto, sin señales,
del que dejó constancia escrita como si se tratase de un mapa del tesoro.
Leandro a la izquierda, Obdulio a la diestra, la fosa se cavó “a 2,20 metros de
la esquina norte posterior de la iglesia”, “a 90 centímetros del árbol viejo” y
a un metro de la lápida de un vecino llamado Antonio González. La muerte de
estos dos guerrilleros, uno chófer, el otro jornalero de oficio, desencadenó,
según la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, la caída del
comité provincial del PC.
La lista
(aún incompleta) de represaliados de la postguerra que va alimentando a duras
penas el proyecto Voces e Nomes cita en Baralla al abogado Faustino Cela, al
labrador Lino Fernández, al funcionario Paulino Pardo, y a los hermanos Domingo
y Ángel Pérez Gándaras. El primero de ellos (hermanos además de un teniente
general de Franco) era médico, permaneció huido hasta que se entregó, y fue
procesado pero no lo mataron. En cambio, Ángel, boticario, fue ejecutado en
febrero de 1937. Por su parte, el practicante Ángel Ansareo logró librarse del
mismo fin huyendo a México vía Lisboa, pero otros no fueron capaces de tomar el
mismo camino y su rastro se pierde bajo el asfalto. “En Baralla hubo muchos
paseados, perseguidos, enjuiciados. Los hubo en las parroquias de Vilachambre,
Constantín, Neira de Rei, Francos, Berselos y la aldea de Vilasantán”, enumera
Patxi Fernández, secretario de organización del PSOE local. “En la cuneta de la
carretera que va a Láncara alguno hay todavía”.
A juzgar por
los datos cosechados por los historiadores que aquí hubo represión parece
evidente. “Imagino que en Baralla habría ejecuciones, pero dentro de una media
normal”, declaró a Público el alcalde, el popular Manuel González Capón,
después de que atravesase toda España su polémica afirmación de que si en la
dictadura franquista hubo condenados a muerte sería “que lo merecían”.
“Pasó el
pleno en el que dije eso, y lo que hay que hacer ahora es olvidar”, defendía en
su despacho esta semana el regidor, al que todavía le espera el último martes
de septiembre el pleno de la Diputación de Lugo, donde el PP no gobierna. Pero
es precisamente el olvido lo que se percibe por mayoría en los vecinos cuando
se les pregunta si en Baralla hubo muertos y se les pide una opinión sobre las
palabras de su sempiterno gobernante local. “La gente no habla porque tiene
miedo. Aquí funciona un clientelismo feroz, un régimen de terror”, describe
Patxi Fernández. “Hay pánico cerval a incomodar al alcalde, que tiene
desplegados por las aldeas a sus pedáneos, sus caciques locales y algún cura
preconciliar... pero preconciliar del de Trento”.
“A mí me
parece que el alcalde no tenía que haber dicho eso”, admite don Ramón
(Rodríguez), un religioso de larga sotana y paraguas de los llamados “sete
parroquias”, aunque a él le tocan ocho de las 30 que son, además de ser
capellán de la residencia de ancianos San Vitorio, bajo la tutela del grupo San
Rosendo, cuyo sacerdote fundador, Benigno Moure, fue condenado por estafa.
“Pero la
verdad es que nunca oí que aquí hubiera represaliados”, sigue el párroco que,
junto a los otros dos del municipio, Antonio Agra y Manuel Rodríguez, ya
desatado el escándalo, dieron el tercer premio del concurso de meriendas a un
grupo vecinal bautizado como Cara ao Sol. El nombre “lo improvisaron en el
momento”, cuenta el cura, y lo justifica: “En ese grupo hay chicos de todas las
tendencias. Lo pusieron porque hacía calor y pegaba mucho el sol. En Baralla
somos antipolemistas. Pero se sacó todo de quicio. El concejal del BNG \[Xosé
Manuel Becerra\] es buen chico, pero se está equivocando de estrategia y le va
a costar votos. A mí me dijeron que en el grupo Cara al Sol había muchos
votos del Bloque y que los perdió todos”.
“Lo que pasó
hace 70 años ellos lo sabrán”, sigue defendiendo el religioso en alusión a los
vecinos de entonces, “a mí me interesan las cosas de ahora y es de lo que hay
que hablar, como el recibo del agua, que subió un 100%”.
Hace 70
años, por el ayuntamiento de Neira de Xusá se extendió una práctica que al
parecer hacía mucha gracia a unos pocos, aunque los demás se viesen forzados a
reír: “A quienes pensasen que eran simpatizantes de la República les daban
purgantes, dos marcas bastante famosas en la época, les ataban los pantalones a
la altura de los tobillos y los obligaban a andar por las aldeas para
avergonzarlos”. Esto cuenta que se lo contó su padre el vecino emigrado en
Bilbao Francisco Amado Herbelle, que recibió como metralla las polémicas
declaraciones del actual alcalde.
Capón,
casado con una sobrina de Ramón Piñeiro (encarcelado por sus ideas entre 1946 y
1949), aprieta con mano firme el bastón de mando desde hace 26 años y logró
1.500 votos y ocho concejales en 2011. En el pleno de julio, uno de esos que se
estilan aquí a los que nunca va la prensa y queda entre cuatro paredes, afirmó
lo que afirmó, la oposición le pidió que rectificase (“Manolo, piensa bien la
barbaridad que dices”), pero él se mantuvo firme. Hasta que la polémica alcanzó
dimensiones insospechadas y (sin que ni Feijóo ni Barreiro, el presidente
provincial del PP, llegasen a pedir públicamente disculpas) divulgó un
comunicado de rectificación, y no dimitió en el pleno extraordinario al que
acudieron muchos de sus hombres fuertes en el pueblo y varios colectivos por la
memoria con pancartas. “Las palabras fueron desafortunadas”, y “hieren y
mucho”, se defendió Capón, pero “de humanos es errar y de sabios rectificar”.
Según él, BNG (dos ediles) y PSdeG (uno), “descontextualizaron” la frase, y
esta explicación le ha bastado aquí a la mayoría.
“El alcalde
dijo bien, si fueron juzgados y condenados por algo fue, y en la próxima vamos
a tener 10 concejales con los que va a perder el Bloque por sacar estas cosas
de casa fuera de Baralla”, afirma y repite uno de los alcaldes pedáneos de
Capón. “Para mí no es una cuestión de votos, sino de derechos humanos”,
responde el nacionalista Becerra.
“Mi padre, Francisco Amado Hermida,
llegó a ser alcalde en la República”, relata Amado Herbelle. Lo llevaron a la
cárcel de Becerreá donde, como cada día entraban presos, hacían limpieza
sacando a otros al paredón. El día que le tocaba a él, mandó un mensajero
andando con una nota escondida en los calzoncillos, se la pasó por las rejas,
con destino a alguien de Lugo que para mí es un misterio. Media hora antes de
la ejecución, llegó a Becerreá la orden de traslado y se salvó. En la nueva
prisión los mataban de sed. Él y todos bebían su orina para sobrevivir”.
Fuente: www.elpais.com
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