La Banca, el fraude fiscal y el New York Times
Día
20 de octubre del 2012
El New York
Times ha ido publicando una serie de artículos sobre Emilio Botín, presentado
por tal rotativo como el banquero más influyente de España, y Presidente del
Banco de Santander, que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil,
en Gran Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EEUU el Banco de Santander
es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le
interesa al rotativo estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento
bancario del Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como
su enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto
último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha citado
o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario más influyente
de EEUU y uno de los más influyentes del mundo. Es de suponer que si se
escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el Presidente Zapatero,
tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio Botín.
Una
discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por parte de Emilio
Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra
Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto, en las cuentas de tal banco había
2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades
tributarias del Estado español. Pero, un empleado de tal banco suizo,
despechado por el maltrato recibido por tal banco, decidió publicar los nombres
de las personas que depositaban su dinero en dicha banca suiza, sin nunca
declararlo en sus propios países. Entre ellos había nada menos que 569
españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la
vida política y empresarial.
Según el New
York Times, esta práctica es muy común entre las grandes familias, las grandes
empresas y la gran banca. El fraude fiscal en estos sectores es enorme. Según
la propia Agencia Tributaria española, el 74% del fraude fiscal se centra en
estos grupos, con un total de 44.000 millones de euros que el Estado español
(incluido el central y los autonómicos) no ingresa. Esta cantidad, por cierto,
casi alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto la
media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que España
debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación, escuelas de
infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por el nivel de
desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el Estado no recoge
tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan es precisamente el
fraude fiscal realizado por estos colectivos citados en el New York Times. El
resultado de su influencia es que el Estado no se atreve a recogerlos.
En realidad,
la gran mayoría de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se
centra en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal
representa –según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado español-
sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la intervención de
autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín de las pesquisas de la
propia Agencia Tributaria. El caso más conocido es la gestión realizada por la
ex Vicepresidenta del Gobierno español, la Sra. De la Vega, para interrumpir
una de tales investigaciones. Pero el Sr. Botín no es el único. Como señala el
New York Times, hace dos años, César Alierta, presidente de Telefónica, que
estaba siendo investigado, dejó de estarlo. Como escribe el New York Times con
cierta ironía, “el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso porque,
según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el momento de los hechos
y su presentación al tribunal”. Una medida que juega a favor de los
fraudulentos es la ineficacia del Estado así como su temor a realizar la
investigación. Fue nada menos que el Presidente del Gobierno español, el Sr.
José Mª Aznar, que en un momento de franqueza admitió que “los ricos no pagan
impuestos en España”. Tal tolerancia por parte del Estado con el fraude fiscal
de los súper ricos se justifica con el argumento de que, aún cuando no pagan
impuestos, las consecuencias de ello son limitadas porque son pocos.
El
Presidente de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la
subida de impuestos de los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial
que práctico, pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin
embargo, es nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad. Ignora la enorme
concentración de las rentas y de la propiedad existente en España (y en
Catalunya), uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el
impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros al año
que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado hubieran evitado los
enormes recortes de gasto público social que el Estado español está hoy
realizando. Pero otra observación que hace el New York Times sobre el fraude
fiscal y la banca es el silencio que existe en los medios de información sobre
tal fraude fiscal. Tal rotativo cita a Salvador Arancibia, un periodista de
temas financieros en Madrid, que trabajó para el Banco Santander, que señala
como causas de este silencio el hecho de que el Banco Santander gasta mucho
dinero en anuncios comerciales, siendo la banca uno de los sectores más
importantes en la financiación de los medios, no sólo comprando espacio de
anuncios comerciales, sino también proveyendo créditos –aclara el Sr. Salvador
Arancibia- “….medidas de enorme importancia en un momento como el actual, donde
los medios están en una situación financiera muy delicada”. De ahí que tenga
que agradecer al diario que se atreva a publicarlo, porque hoy, artículos como
los que publica el New York Times y el mío propio, no tienen fácil publicación
en nuestro país. Es lo que llaman “libertad de prensa”.
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